miércoles, 28 de junio de 2017

Equis

Con la proximidad del fin del plazo para la declaración del IRPF, la Conferencia Episcopal Española aumenta la publicidad para que los españoles marquemos con la X la casilla destinada a la Iglesia. En dicha publicidad hay una frase determinante: "No tendrás que pagar más". En efecto, quienes marcan esta casilla, presuntamente católicos, no hacen el más mínimo esfuerzo económico personal para sostener a la Iglesia; o dicho de un modo más preciso: su esfuerzo es exactamente el de la totalidad de los declarantes de dicho impuesto, pues la cantidad que la Iglesia ingresa cada año por este concepto, del orden de doscientos sesenta millones de euros, se detrae de los ingresos del Estado por este impuesto, con lo que, creyente o no, haya marcado o no la casilla, a la hora de la verdad cada español ha contribuido con una parte alícuota de dicho importe, toda vez que el Estado cuenta con esa cantidad de menos para lo que se denomina el gasto público, sanidad, educación, etc.
Esta situación, aparte de sumamente hipócrita, es, cuando menos, también indecente. Si los católicos pretenden sostener a su Iglesia lo que deberían hacer es abonar directamente una cuota, al margen del IRPF y de cualquier otro impuesto establecido por el Estado, exactamente lo mismo que se hace cuanto se pertenece a un club privado, un casino, un club de fútbol, una sociedad gastronómica, etc. ¿Imagina alguien lo que ocurriría si el Estado abriera una casilla para pasarle a los clubes de fútbol una cantidad en función de quienes la marcaran con X?  La Iglesia sabe perfectamente que si sus fieles tuvieran que pagar una cuota específica la cantidad que ingresaría sería realmente irrisoria, de modo que se agarra al Estado como una vulgar y miserable garrapata, dispuesta a succionarle cuanta "sangre" consigan sus formidables tragaderas, nunca satisfechas del todo. De esta manera consigue dos cosas importantes: en primer lugar, una pasta gansa y segura cada año y, en segundo lugar, inocular la enfermedad de la cobardía en los miembros del gobierno para que esta situación no cambie jamás.
Y esto no es todo: La Iglesia española está absolutamente exenta de impuestos. No paga IBI, ni IVA ni ICIO (impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras), tanto por los bienes dedicados al culto, como por sus múltiples negocios, incluidos colegios religiosos y hasta pisos en alquiler. Según un estudio llevado a cabo por técnicos de Hacienda, la Iglesia española se ahorra cada año por este concepto entre seiscientos y seiscientos cincuenta millones de euros. Esta circunstancia permite que la Iglesia compita en una situación de privilegio con otras entidades que participen en el mismo tipo de negocio. Por ejemplo, si una orden religiosa construye un colegio no paga el ICIO, mientras que una persona o un grupo laico que pretenda construir un colegio semejante si tiene que pagarlo. Si a todo esto se añaden las entradas para visitar monumentos religiosos, consideradas como donativos, aunque constituyen un fastuoso negocio (por ejemplo, la Mezquita de Córdoba recibe cada año casi un millón y medio de visitantes; a ocho euros la entrada, calcúlese lo que trinca el cabildo cordobés limpio de polvo y paja), y añadimos los numerosos convenios con centros de enseñanza religiosos, el pico aumenta hasta cantidades asombrosas, que algunos sitúan en el orden de los diez mil millones de euros anuales. Todo ello, además, en el más puro hermetismo, puesto que si en España hay una entidad que mantenga sus cuentas en el más absoluto secreto esa es la Iglesia, de modo que nadie, ni tan siquiera los católicos de a pie, saben qué hace con este dineral.
Esto es lo que ocurre cuando un Estado campa a sus anchas dentro de otro Estado, en este caso el minúsculo pero voraz Estado Vaticano y en su nombre la Conferencia Episcopal Española, y, naturalmente, ocurre cuando el primer Estado es débil y sus ciudadanos, antes que ciudadanos, son bueyes, tan a gusto de caminar bien uncidos al yugo eclesiástico. Porque vayan ustedes y pregunten en Alemania, o en Francia, o en Dinamarca, o en Suecia y ya verán, ya verán donde ponen a la Iglesia un Estado con un par. 

P.D. Las imágenes corresponden a los cardenales Blázquez y Cañizares, presidente y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española.

miércoles, 14 de junio de 2017

¿Algo?

Un Estado dentro de otro Estado es como tener un roncha en la mismísima rabadilla: por mucho que te rasques, no sólo no consigues aplacar el picor, sino que la vejiga se te alborota y, si no paras pronto, acabas literalmente meándote encima (podría decir miccionándote encima, pero creo que el verbo mear se entiende mucho mejor y yo, modestamente, aspiro a que todo el mundo entienda mis sermones).
El papa Francisco habla y habla y no para de hablar. Es argentino, no vamos a pretender que sea mudo. Cuando salió elegido y empezó a largar esas cosas tan lógicas y razonables que echaba por su boca, yo me dije: "¡Joder, vaya infarto de miocardio que va a sufrir el buen hombre! Este va a durar menos que Juan Pablo I, al que no tuvieron empacho en infartar a los treinta y tres días de pontificado alarmados por los cambios que se proponía realizar de forma inmediata." Pero mi alarma estaba injustificada: Francisco morirá naturalmente cuando le llegue su hora, porque lo suyo es exclusivamente el verbo o, lo que viene a ser lo mismo, puro humo. Por ejemplo: en más de una ocasión ha zaherido con fuerza el dinero negro: bien, pues ya podía decirle al obispo de Córdoba, por poner un caso, que declare cuánto ingresa al año por la visita de los turistas  a la Mezquita y que pague el correspondiente IVA por el monumental negocio que tiene montado. Porque el obispo cordobés se empeña cada día en borrar el nombre de mezquita y llamar al edificio sólo catedral, aunque con lo que gana una pasta, un mínimo de nueve millones de euros al año, es con la Mezquita, que es lo que vienen a ver los turistas; la catedral, dicho en francés llano para no herir los castos y susceptibles oídos católicos es, a pesar de su grandiosidad, una solemne merde; y no lo digo yo, lo dijo Carlos I de España y V de Alemania cuando descubrió el error que había cometido al autorizar al obispo Manrique la construcción del armatoste catedralicio dentro de la Mezquita: "Habéis destruido una obra única para levantar un edificio de los que hay un follón en toda Europa mucho mejores que ese" (más o menos, porque cito de memoria).
Pero hablábamos de un Estado dentro de otro Estado. El catolicismo puede que sea una religión (hay quien sostiene que es un formidable negocio), pero el Vaticano, del que depende todo el tinglado, es un Estado, minúsculo, el más pequeño de la tierra, pero Estado, cuyo jefe, como bien se sabe, es el papa. Desde muy antiguo, este Estado, que en otro tiempo fue bastante mayor, aunque nunca demasiado grande, siempre ha pretendido no sólo actuar dentro de los demás Estados, sino, además, estar por encima de ellos. En este sentido fue, probablemente, Bonifacio VIII el que más lejos llegó, cuando afirmó sin cortarse que el papa estaba por encima del rey, pues no en vano el papa era el vicario de Dios, es decir, el vicediós, en tanto el rey no pasaba de ser un mandado. La historia ha corrido mucho desde entonces y la mayoría de los Estados occidentales, que es donde el catolicismo ha tenido tradicional y principalmente su adeptos, se sacudieron este auténtico yugo, poniendo a la Iglesia en su sitio. España, sin embargo, prefirió y prefiere seguir uncida a la carreta, como un perfecto buey incapaz de revolverse contra el carretero que no deja de aguijonearlo.
En efecto, entre las muchas pruebas que pueden aportarse para autentificar esta afirmación, hay una que, a mí juicio, resulta sobrecogedora: El Instrumento de Ratificación de España al Acuerdo entre la Santa Sede (tiene guasa llamar Santo al Estado Vaticano) y el Estado Español, firmado ¿en España?, no hombre, no, en el Vaticano, que hasta aquí llega nuestra calidad de bueyes, el 28 de julio de 1976. Según este instrumento, los miembros del Estado Vaticano en España no pueden ser juzgados por jueces españoles, sin contar con la anuencia de las autoridades vaticanas, de modo que si un sacerdote comente un delito, se debe comunicar tal hecho a su obispo, y si es un obispo o un cardenal los que lo cometen, se debe poner en conocimiento del papa. O sea, un Estado campando a sus anchas dentro de otro Estado.
Sin embargo, en honor a la verdad, algo parece estar cambiando últimamente: en este momento hay varios obispos a punto de sentarse en el banquillo de los acusados por diversos supuestos delitos, entre otros, el obispo de Cuenca, José María Yanguas, y el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, por el caso Lumen Dei; el arzobispo de Zaragoza, Vicente Jiménez, por el espionaje a una exnotaria del Tribunal Interdiocesano, y el obispo emérito de Cádiz, Antonio Ceballos, por el caso ERE, sí, también la Iglesia pringada en este caso que mantiene a Andalucía en la división de honor de la corrupción. Y van a ir a juicio, sin más, no porque el Estado Español, bien humillada la testuz, no haya comunicado los presuntos delitos al Vaticano, sino porque éste ha respondido con el silencio, sin hacer uso de sus atribuciones.
 "Algo es algo", dice mi amigo Sancho Dávila, que, entre otras cosas, tiene que soportar el paso por la puerta de su casa de más de cien procesiones al año, "claro que, aunque el silencio se interprete como una afirmación, nada habrá cambiado mientras no se ponga fin a todo este tipo de acuerdos, incluido el Concordato del 78. Pero tengo para mí que al paso que vamos eso no lo vamos a alcanzar por lo menos hasta el siglo XXX. Claro que para entonces a lo mejor ya no existen ni la Iglesia ni España."


P.S.- Las imágenes corresponden, arriba a abajo, al arzobispo de Oviedo, el obispo de Cuenca, el arzobispo de Zaragoza y el obispo emérito de Cádiz.